Este manifiesto no pretende oponerse de ningún modo al desarrollo tecnológico como tal, del que reconocemos todas las ventajas, sino interpelar a las autoridades políticas y a la sociedad civil sobre el precio que la humanidad está pagando y los riesgos que asume si sigue aceptando un paradigma de despliegue tecnológico sin discernimiento ni control democrático, e incitar a actuar urgentemente para minimizar este coste.

Para preservar la libertad y la dignidad de las personas como valores cardinales en un contexto de creciente asimetría entre la tecnología y el ser humano, las democracias deben reinventar profundamente su repertorio de actuaciones y defender con mayor fuerza estos derechos. Los esfuerzos de algunos Estados o Regiones, tanto en materia de protección de datos, como en la elaboración de cartas o declaraciones de protección de los derechos digitales (Carta Española 2021, Declaración Europea 2023 o Carta Iberoamericana de marzo del 2023), son dignos de elogio, pero deben intensificarse y cambiar de escala.

Somos conscientes de que ello supone un verdadero desafío para sistemas políticos que tienden a confiar en el individuo para regular cuestiones consideradas privadas. Estamos, sin embargo, frente a tecnologías que tienen como efecto colateral anular la libertad individual y afectar lo que nos hace humanos. También entendemos que gran parte de los equilibrios económicos y geoestratégicos se apoyan en la competitividad tecnológica, lo cual disuade cualquier medida que pueda ser percibida como una limitación al desarrollo tecnológico. Por tanto, este reto existencial exige soluciones inéditas, más allá de recomendaciones blandas.

Sea cual sea el nivel de acción política, un cambio de paradigma sólo se producirá si se desarrolla una verdadera movilización ciudadana que ejerza la presión necesaria para situar esta cuestión en lo más alto de la agenda política. Por el momento, la opinión pública es más sensible a las ventajas a corto plazo del desarrollo tecnológico que a sus riesgos, que a menudo se desconocen. Son necesarios espacios de debate e intercambio parlamentario y de la sociedad civil que sopesen los riesgos-beneficios del paradigma tecnológico imperante y definan de manera conjunta los valores que deben orientar y enmarcar el desarrollo tecnológico.

Proponemos explorar un amplio espectro de medidas para responder a los retos que enfrentamos, entre las que planteamos considerar:

1.  Medidas regulatorias jurídicamente vinculantes, entre las cuales:

• La prohibición de la publicidad microfocalizada.

• La protección constitucional y transnacional de los neuroderechos (prohibición de acceder a nuestra actividad neuronal y recaudar sus datos con la posibilidad de interferir en nuestra actividad mental).

• La promoción de legislación internacional para la prohibición de las armas letales autónomas.

• La persecución de una “desescalada tecnológica” en los campos donde la tecnología tenga un impacto colectivo negativo probado y su despliegue implique un riesgo sustancial para el conjunto de la población.

• Un derecho a la desconexión que garantice el acceso a servicios –en especial públicos– de manera no digital.

• La obligación de las compañías tecnológicas de brindar acceso a aquellos datos que permitan a terceras partes, en el marco de la ley, analizar el funcionamiento de sus plataformas y algoritmos de forma autónoma.

• La ampliación de protocolos encaminados a validar la adecuación ética de los algoritmos usados por las empresas y los gobiernos.

2.  Medidas ligadas a la producción industrial y la comercialización, como:

• La reintroducción y revalorización de la funcionalidad OFF en la concepción de aplicaciones y dispositivos tecnológicos.

• Estrictos procedimientos regulatorios antes de poner determinadas tecnologías con efectos disruptivos en el mercado, como ya es el caso en sectores como el farmacéutico o el alimentario.

• Medidas de formación, información y empoderamiento de los consumidores, inversores y profesionales para incrementar sus exigencias de adecuación de la tecnología con sus derechos e intereses.

3.  Medidas en el ámbito de la investigación y la educación, tales como:

• Una moratoria a la introducción indiscriminada de la tecnología en las escuelas por debajo de una determinada edad.

• Una mayor formación a distintas edades sobre programación y funcionamiento general de los algoritmos para reducir la asimetría entre la tecnología y las personas.

• Acciones sistemáticas dirigidas al colectivo de padres, madres y/o tutores/as para concienciarles de los riesgos a los que los jóvenes están expuestos.

• La promoción de estudios profundizados sobre el efecto de tecnologías específicas sobre el individuo y la sociedad, en particular en materia cognitiva, sobre el comportamiento, el bienestar y la libertad.

• Adecuación del uso de dispositivos a las edades de los usuarios, en particular de los smartphones y otros objetos conectados.

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Regular la innovación tecnológica es complejo y constituye, junto la crisis medioambiental, el reto fundamental que afronta la humanidad. La cuestión es demasiado importante como para permitir que el debate se estanque con posiciones sectarias. La movilización no puede demorarse tanto como en el caso del medioambiente si queremos evitar llegar a un punto de difícil retorno. Por esto, urge un consenso para que se tomen medidas prontas y lo suficientemente eficaces como para responder a la magnitud del reto y aprovechar todas sus ventajas sin tener que asumir un coste desmesurado como si se tratara de algo inevitable.

Hagamos urgentemente lo necesario para que la humanidad tome las riendas de su propio destino y asegure su permanencia como especie libre.